El acceso a un seguro de salud es bajo en la población venezolana que vive en Perú. El 73% no tiene uno.

Alrededor de la mitad de la población migrante venezolana cuenta con educación superior, y 37,9% cuenta con estudios universitarios.

Este jueves 23 de marzo, se presentó el análisis de la II Encuesta dirigida a la Población Venezolana (II ENPOVE) 2022, realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El jefe de esta institución, Dante Carhuavilca, expuso los resultados de la encuesta como parte de la edición 19 de los Diálogos CIES “Perú Sostenible”, evento coorganizado por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) y el INEI.

Carhuavilca resaltó la importancia de la migración que han realizado ciudadanos venezolanos a nuestro país en los últimos años. “La población venezolana sería equivalente al 6to departamento con más población en el Perú. De cada 100 personas que viven en Lima 8 o 9 son venezolanas”, indicó.

Los datos obtenidos por la II ENPOVE permiten conocer que en 2022 se ha registrado un incremento del porcentaje de hogares venezolanos con menores de edad. Además, se incrementaron los hogares donde viven padres e hijos o familias extendidas. Esto, explicó el jefe del INEI, es un indicio positivo de que poco a poco los migrante venezolanos han traído a sus familias a Perú, además de tener hijos aquí. Las condiciones de vida de esta población, sin embargo, plantean preocupaciones.

Brechas de integración

De acuerdo a la información recogida por la encuesta, en el 52,6% de hogares venezolanos hay una sola habitación para dormir. En promedio, tres personas ocupan una sola habitación. Es decir, hay indicios de que estarían viviendo en condiciones de hacinamiento.

Además, 91,3% de la población venezolana reportó tener necesidades no cubiertas. Entre las principales está el acceso a la salud, alimentación, empleo, alojamiento y educación. Aquí es preciso señalar que el 13.6% indicó padecer de enfermedades crónicas, de los cuales 68,1% no está recibiendo tratamiento. Esa situación es entendible dado que 73% de venezolanos en Perú no tiene acceso a un seguro de salud.

En el ámbito laboral, se identificó que 82% de la población venezolana es parte de la Población Económicamente Activa (PEA) y de ellos, 98% cuenta con empleo. “Sin embargo, en ese grupo solo 19% tiene un contrato”, resaltó Carhuavilca. Ese dato contrasta con el porcentaje de migrantes que tiene educación superior universitaria: 37,9%. “Hay gente calificada que ha venido, gente con estudios y las políticas públicas que se aprueben deberían darle valor agregado”, señaló el jefe del INEI.

Por otro lado, la discriminación sigue siendo una problemática para esta población. Si bien se ha reducido respecto al 2018, es importante apuntar que 29,6% de la población venezolana declaró haberse sentido discriminada. Más de la mitad de ellos indicó que los actos discriminatorios ocurrieron en la calle y otros espacios públicos.

Evidencia para políticas públicas

La exposición de Dante Carhuavilca fue seguida de comentarios de Jorge Baca, jefe de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Federico Agusti, representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), y Gustav Brauckmeyer, director ejecutivo de Equilibrium CenDE.

Baca resaltó que las brechas en el acceso a derechos se pueden explicar por distintos factores como la pandemia, la guerra en Europa, la crisis climática y desastres como los huaicos, que también han afectado a la población venezolana migrante y refugiada. Como parte del trabajo de la OIM, señaló que buscan asesorar al Congreso para evitar vulneraciones a las personas venezolanas en Perú. Esto se debe a una ley promulgada recientemente que plantea restricciones discriminatorias a extranjeros que buscan alquilar una vivienda.

El jefe de la Misión de la OIM expresó también la importancia de usar los datos de la II ENPOVE para promover estudios que den pie a políticas públicas que fomenten la integración de la población venezolana.

En esa misma línea, Federico Agusti destacó el trabajo del INEI y afirmó que la información recogida permitirá tomar mejores decisiones. Además, señaló la importancia de trabajar para mejorar las condiciones laborales de la población venezolana. “Tenemos un tesoro: 57% de la población adulta tiene estudios superiores, y de ellos, 37% con estudios universitarios. Estamos recibiendo a esos cerebros, personas capacitadas y tenemos que darles herramientas. Solo 1 de cada 13 ha homologado sus títulos”, lamentó el representante de ACNUR.

Por su parte, Gustav Brauckmeyer, de Equilibrium CenDE, comentó sobre la necesidad de articular entre distintos sectores del Estado, con la sociedad civil, la cooperación internacional y el sector privado, para plantear soluciones a la brecha de acceso a servicios públicos de la población venezolana. “ENPOVE es un insumo que debe orientar la toma de decisiones”, afirmó.

El evento contó con la moderación de Lidia Espinoza, representante de GIZ Perú, organización que actualmente implementa el “Programa de Apoyo a las comunidades de acogida de población migrante y refugiada en las zonas fronterizas de Colombia, del Ecuador y del Perú – SI Frontera” de la cooperación alemana para el desarrollo, con apoyo de la Unión Europea.

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