● Se requiere inversión en zonas con baja presencia estatal y alta incidencia de violencia. Además, los operadores de justicia requieren mayor capacitación en temas de género y atención a las víctimas.

● Las medidas de protección requieren más recursos y mayor coordinación entre los órganos estatales. Sin mejoras, las medidas son simbólicas.

CIES, 29 marzo 2023.- Una joven de 19 años fue quemada en la vía pública por su expareja en Cercado de Lima. El agresor escapó corriendo, sin que ningún agente de Serenazgo o la Policía lo persiguiera. Pasaron seis días para que la Fiscalía emitiera la orden de captura. La joven falleció y el asesino está prófugo.

Una niña de 11 años fue atacada con un arma que le atravesó el cráneo por resistirse a una violación en Ucayali. En el centro poblado donde habita, no hay policías ni fiscales. Fue un juez de paz (un cargo sin remuneración del Estado) quien recogió pruebas del ataque. El presunto agresor fue detenido. La niña sigue en estado grave.

Ambos crímenes, ocurridos en el mes en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, ponen en evidencia las brechas que aún persisten en nuestro país para prevenir y sancionar la violencia de género. Específicamente, en cuanto al rol del Estado.

El estudio promovido por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), “Rutas de atención estatal a las víctimas de violencia de género. Entre legados e innovaciones” (2019), de Stéphanie Rousseau, Eduardo Dargent y Aurora Escudero (PUCP), reconoce que si bien se ha observado un incremento de comisarías y Centros de Emergencia Mujer (CEM) en los últimos años, estos aún cuentan con recursos y personal insuficientes.

Además, hay una disparidad considerable en la presencia territorial de los recursos. "Hay zonas donde la incidencia de violencia es muy alta y que cuentan con considerable menor presencia estatal", señalan los autores. Esa es la situación de Oventeni, el centro poblado de Ucayali donde fue atacada la menor de 11 años.

Por ello, los investigadores precisan que es necesario aumentar los recursos dirigidos a la atención de las víctimas. Esa inversión debe estar dirigida a infraestructura, equipos y personal para mejorar las dependencias ya existentes y para fortalecer la presencia estatal en territorios con alta incidencia de violencia de género.

Capacitación para operadores de justicia

La demora o falta de respuesta frente a hechos de violencia de género también responde a la falta de recursos y personal, pues los CEM, la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial, con sus áreas especializadas, no se dan abasto para dar una atención adecuada. Sin embargo, señalan los investigadores, esas carencias van de la mano con prejuicios aún vigentes entre operadores de justicia.

En base a las entrevistas realizadas para su estudio, los autores concluyen que las comisarías de familia, los CEM y los juzgados especializados tienen una mayor capacitación, pero "esta característica no sería general en las distintas instancias de la ruta crítica". Incluso en comisarías de familia, identificaron disparidades en la capacitación que podían resultar en vulneraciones a los derechos de las mujeres.

Reformas para medidas que sí protejan

Un punto importante para prevenir la violencia de género es también lograr la efectividad de las medidas de protección, que imponen restricciones a presuntos agresores y resguardo a las víctimas.

Como observan Rousseau, Dargent y Escudero, de nada sirve que se dicte un mayor número de medidas de protección, si la capacidad logística de los CEM y de la Policía —responsable de garantizar estas medidas— resulta desbordada. "El mayor número de medidas de protección concedidas por el Poder Judicial ha llevado a una alta demanda de verificación y vigilancia por parte de la PNP sin contar con recursos suficientes para realizarla en forma efectiva", explican.

Uno de los motivos por los que se clasifican gran parte de casos de violencia como riesgo severo y se dictan medidas de protección es el medio de los policías y los operadores de justicia de que les suceda algo a las denunciantes. Lamentablemente, al no medirse de forma adecuada el riesgo y no tener recursos para hacer cumplir las medidas, las posibilidades de que la protección sea efectiva son limitadas.

Gracias por informar con base en la investigación
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